Revertir la caída en 27 por ciento en la venta de viviendas nuevas, principalmente a trabajadores de menores ingresos sí es posible; se requiere para ello de la voluntad y el compromiso de los gobiernos federal, estatal y municipales, y de los propios desarrolladores, aseguró su representante, Guillermo Juárez González.

Cuando el sector desarrollador de vivienda está a unos pasos de una crisis, resulta de extrema urgencia el compromiso gubernamental de apoyar a este sector, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi), en Hidalgo.

Juárez González es enfático al señalar que es posible ofrecer precios más competitivos en la vivienda para trabajadores que perciban hasta 2.6 UMAS, que son el grueso en Hidalgo, “si colaboramos todos.”

Para construir vivienda más accesible es necesario reducir los costos de producción, y el costo más elevado que enfrenta este sector es, en conjunto, las tarifas de servicios públicos y en trámites oficiales. “Más que el mismo precio de la tierra.”

Trabajadores enfrentan dificultades para acceso a la vivienda

Sin embargo, si las autoridades de las tres esferas de gobierno acuerdan impulsar la vivienda bajando sus tarifas o exentando algunos pagos de derechos, además de abatir la excesiva normatividad oficial que regula a la industria, “sí es posible construir vivienda más económica.”

Lo es también en la medida en que los gobiernos estatal, municipales, impulsen la vivienda popular a través de ofrecer predios en donde pueda ser edificada, donados o a bajo costo.

Naturalmente los constructores tienen que poner su parte, acepta, ya sea utilizando novedosas técnicas de construcción y sacrificando una parte de sus utilidades, que en el caso de la vivienda económica, la más barata del mercado, ya son magras.

Juárez González recordó que si bien en esto 2019 se recortaron de manera importante los apoyos federales a los trabajadores de bajos ingresos para compra de vivienda –subsidio federal a la vivienda-, se anunció ya que este apoyo desaparecerá totalmente en 2020.

Una decisión gubernamental que pondrá a los desarrolladores de vivienda en una severa crisis, pero que afectara muy especialmente a los trabajadores a los que más se dice querer beneficiar: los de menores ingresos.

Sacar adelante a la industria de la vivienda sólo será posible si es compromiso “de todos”, desde quien produce el cemento, es dueño de la tierra, extienda los permisos, brinda los servicios hasta quien construye.