El procurador Raúl Arroyo entregó al gobernador Omar Fayad el diagnóstico de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, que revela el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal en la entidad.
Ante la presencia de María Novoa, coordinadora del programa de justicia México Evalúa, ella misma hizo un amplio reconocimiento a Hidalgo por la visión y compromiso de su mandatario estatal, de realizar una evaluación completa del sistema de justicia, con la participación de todas las áreas involucradas en el tema.
Novoa expuso que este diagnóstico convierte a Hidalgo en referente y ejemplo nacional, “porque aunque hay otras entidades federativas que ya han llevado a cabo el diagnóstico, Hidalgo es la única que ha logrado la participación de todas las instituciones y dependencias que intervienen en el Sistema de Justicia Penal”.
Las dependencias que participaron en la conformación de este diagnóstico fueron: Poder Judicial, Secretaría de Gobierno, Secretaría Ejecutiva de la Política Pública, Secretaría de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Omar Fayad Meneses, en la media de gobernadores mejor calificados
Novoa destacó que este documento contiene observaciones que indican áreas de oportunidad importantes en todo el proceso del sistema de justicia penal, desde la actuación de la policía como primeros respondientes, hasta la actuación del Poder Judicial.
Explicó que el diagnóstico estuvo a cargo de México Evalúa, con el financiamiento de la fundación Fredich Naumann para la Libertad en México, el cual refleja un hecho atípico en cuanto al panorama nacional, pues durante los últimos cuatro años, en Hidalgo la confianza ciudadana ha provocado el incremento de las denuncias o querellas ante la PGJEH.
Consideró que esto se debe a que hay incentivos positivos por parte de la Procuraduría hidalguense, y a que se han logrado condiciones favorables para que la población acuda a denunciar.
Novoa señaló también que se observan problemas de capacidades y condiciones que no se lograron subsanar durante los ocho años de implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.
Por lo anterior, dijo que es importante darles solución y continuar con esa disposición, compromiso y voluntad que hay en el gobierno de Hidalgo, de mejorar hasta consolidar la Política Anticrimen del estado.
Al tomar la palabra, el gobernador Omar Fayad indicó que el respaldo a este diagnóstico es prioritario para su gobierno, pues dijo que desde todas las áreas de la administración estatal se aportará trabajo para consolidar un cambio en el sistema de justicia en el estado.
Fayad invitó al Poder Judicial a sumarse en este esfuerzo que tiene como objetivo, colocar a Hidalgo en los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a procuración e impartición de justicia.
“Será un gran reto hacer ajustes en nuestro sistema de justicia penal para que funcione adecuadamente, para ello es necesario el trabajo de las dependencias del gobierno estatal, pero también la colaboración y coordinación con el Poder Judicial y los demás órdenes de Gobierno”.
El gobernador señaló que después de ocho meses de compromiso público de trazar las líneas de trabajo a partir de un diagnóstico, ahora lo más importante es continuar y dar seguimiento a las recomendaciones que surgieron de esta evaluación, por lo que iniciará un plan estratégico y la reingeniería pertinente, que se traducirá en mejores servicios para la población.
Dijo que la mejor forma de ejercer el gobierno es evaluándolo, por eso a partir de este diagnóstico, se refrenda la necesidad de redoblar esfuerzos para transformar la Justicia en el estado de Hidalgo.
“A todos los involucrados, a quienes cooperaron, trabajaron y facilitaron el acceso a la información necesaria, muchas gracias, porque con su trabajo conjunto y transparencia, construimos la sociedad que queremos y necesitamos”.
En su mensaje, el procurador general de justicia, Raúl Arroyo, expresó que para lograr el diagnóstico fue fundamental el respaldo y confianza del gobernador, así como la colaboración del Poder Judicial, de la Secretaría de Gobierno a través de la Defensoría Pública de la Coordinación General Jurídica, de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y el Secretariado del Consejo de Seguridad Pública del estado de Hidalgo.
Dijo que la reingeniería tiene que motivar a la creación de un nuevo esquema de operación, el cual irá acompañado del diseño de la Política de Persecución Penal, cuyo estudio estará a cargo de la organización internacional Open Society Foundations y concluirá con la determinación de la Política Criminal del estado de Hidalgo, para la que ya se cuenta con la asesoría del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Por su parte, Siegfried Herzog, representante de la fundación Fredrich Naumann para la libertad en México, destacó que el organismo al que pertenece encontró un plan serio para la reestructuración del sistema de justicia en Hidalgo, razón por la que decidieron financiar el proyecto y dar acompañamiento en este proceso.
La presentación del diagnosticó se realizó en la sala de juntas del despacho del gobernador, con la asistencia de Blanca Sánchez Martínez, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia; José Luis Romo Cruz, secretario ejecutivo de las Políticas Públicas; Lamán Carranza Ramírez, titular de la Unidad y Prospectiva y de Juan de Dios Pontigo Loyola, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública; así como de funcionarias y funcionarios de la PGJEH.
