El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) conmemoró su 150 aniversario con la develación de una placa conmemorativa y la presentación de la revista “150 años de memoria colectiva” teniendo como testigos a los titulares del Poder Ejecutivo y Legislativo.

En sesión solemne, la magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez destacó que el Poder Judicial siempre será la base para mantener el estado de derecho y que una entidad sea atractiva para la inversión, como hoy sucede en Hidalgo.

En presencia del gobernador Omar Fayad Meneses y el diputado Ricardo Baptista González, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local; Sánchez Martínez recordó que en 1869 el TSJEH inició funciones con 13 distritos judiciales, seis magistrados, 14 jueces y 276 trabajadores, entre secretarios, actuarios y administrativos, mientras que actualmente tiene 17 distritos judiciales, 22 magistrados, 104 jueces y más de mil 700 personas que conforman al poder judicial.

En entrevista, la magistrada presidenta destacó que a 150 años los logros alcanzados en el poder judicial son principalmente en materia de infraestructura así como de personal para poder atender la demanda en materia judicial que se tiene en los diferentes distritos del estado, entre ellos destacó la integración de nueve juzgados, equipo de trabajo y personal, “es el crecimiento más grande que hemos tenido”.

El Gobernador del Estado celebró los 150 años del Poder Judicial estatal “que este aniversario sea también una razón para continuar la construcción de un Hidalgo más fuerte, más grande, más seguro, más confiable, basado en leyes, en instituciones sólidas, en acciones claras y con resultados.

En su mensaje reiteró su respeto tanto al poder judicial como legislativo he hizo patente desde el ámbito de sus competencias el compromiso para colaborar en conjunto, con la finalidad de fortalecer las instituciones.

Refirió que el TSJEH se ha transformado y se ha sabido adaptar a los tiempos de cambio “hoy debemos sentirnos orgullosos de la creación de nuestro estado y de establecer las instituciones y un marco jurídico adecuado que permita garantizar la vida social”.