Después de las amenazas del presidente de Estados Unidos de imponer un arancel de 5 por ciento a los productos mexicanos a partir del próximo lunes y otro del 10 por ciento posteriormente si México no contenía la migración de centroamericanos rumbo a la Unión Americana, el gobierno federal entró a la negociación en la Casa Blanca a fin de evitar una guerra comercial con el vecino país del norte que dañaría  seriamente al comercio nacional.

La alerta que generó el anunció de Donald Trump se frenó de manera temporal al parar la guerra comercial lanzada por el mandatario estadunidense, o sea que se hubiera tratado de un conflicto unilateral.

Al término del encuentro celebrado el 7 de junio, las cancillerías de ambos países  emitieron una declaración conjunta en la cual se afirma que, ante la emergencia humanitaria y la situación de seguridad prevalecientes de la migración centroamericana, los gobiernos de México y Estados Unidos trabajarán conjuntamente para alcanzar una solución duradera.

El acuerdo consiste en cuatro puntos. El  primero se refiere a un aumento considerable de parte de México de la aplicación de la ley con la finalidad de reducir el flujo migratorio, empezando con un despliegue más acelerado de la Guardia Nacional.

En ese marco se  dará prioridad a los 11 municipios de la frontera sur, de manera que este despliegue empezará el lunes y dentro de un programa nacional que ya estaba en curso.

El segundo punto es ampliar el programa denominado Permanecer en México a toda la frontera donde los solicitantes de asilo que cruzan a Estados Unidos serán retornados sin demora a territorio mexicano; en México esperarán la resolución de sus casos por las autoridades estadunidenses.

El tercer punto establece la disposición de ambos países para que si las medidas adoptadas no tienen los resultados esperados, continuarán pláticas sobre otras acciones posibles en un plazo de 90 días.

El cuarto punto tiene que ver con el compromiso de Estados Unidos con la iniciativa mexicana que busca fomentar el desarrollo económico regional –en el sur de México y Centroamérica– para abordar las causas a fondo de la migración.

En momentos en que se llevaba a cabo la última ronda de negociaciones entre los dos países, en México se habló del despliegue de elementos de la Guardia Nacional hacia la zona sureste del país, con lo que se entiende que comenzó el reforzamiento de las  medidas restrictivas para evitar el ingreso de habitantes de Centro América a territorio mexicano a fin de que no sigan la ruta rumbo a Estados Unidos.

En ese aspecto surgen dos observaciones: La primera se refiere al procedimiento que utilizará el gobierno mexicano para contener el avance de la ola migratoria y la segunda a la pertinencia y validez de destinar elementos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en el sureste nacional.

Por tanto se espera que el procedimiento que se aplique en la mencionada zona no genere violencia, discriminación y cacería de brujas con tal de evitar que el presidente Donald Trump retome en algún momento su iniciativa beligerante.

 

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