En la discusión que genera el tema de reducción del presupuesto al Programa de Estancias Infantiles (PEI) que se aplica en toda la República mexicana, resaltan verdades que se contraponen entre sí y que llevan a pensar que lo más conveniente sería aplicar una reestructuración de fondo pero no desaparecer dicho programa.

En el gobierno del presidente Felipe Calderón se diseñó y echó andar el PEI para beneficiar a las madres trabajadoras, y al mismo tiempo, para generar una fuente de ingresos a diferentes sectores de la población, por lo que se facilitó la creación de estos espacios, algunas veces de manera improvisada y sin las condiciones adecuadas para cubrir  las necesidades que deben satisfacer estos servicios.

El Programa se dirigió a madres o padres que no tienen acceso a servicios de cuidado y atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios, y que tienen bajo su cuidado al menos a una niña o niño de entre un año y hasta un día antes de cumplir los 4 años, o entre un año y hasta un día antes de cumplir los 6 años, en casos de niñas o niños con alguna
discapacidad.

De acuerdo con la campaña de difusión de aquella época,  bastaba con tener un espacio disponible, adecuarlo, cumplir con los requisitos de apertura y echarlo andar. En los casos en los establecimientos operan así  las y los menores son llevados a garajes particulares y su permanencia en estos se reduce a dormir, comer, jugar y esperar la llegada de sus familiares.   

Lo que significa que en algunos casos la atención que reciben los menores carece de la calidad necesaria para introducirlos a la educación inicial por medio de un programa pedagógico, y que cuenten, además, con servicio médico, psicológico y  y atención nutricional, entre otros aspectos.

Ya que la Declaración Universal de Derechos Humanos  señala que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, se considera preciso que dichos espacios no se desmantelen, sino que el Programa de Estancias Infantiles se reestructure y se corrija, que ese establezcan candados para evitar los actos de corrupción y se fortalezca, al mismo tiempo, la atención a los menores con una visión social más que comercial.

Dejar a las y los abuelos el cuidado de los menores puede ser la solución en algunos casos,  pero no en todos, por qué existen familias que viven lejos de sus progenitores o porque estos todavía están en edad productiva y tienen obligaciones que atender como su trabajo o atender al resto de su familia.

Entregar a las familias mil 600 pesos cada dos meses para cubrir ese servicio y que las madres y padres determinen dónde inscriben a sus hijos tampoco se considera la mejor decisión, porque por distintas razones los recursos podrían ser desviados del uso para el que están destinados y  los menores tendrían que ser encargados a familiares o vecinos sin experiencia o  sin vocación de servicio para su cuidado.

Así las cosas, el gobierno de López Obrador tiene la oportunidad tomar en sus manos el Programa de Estancias Infantiles  para reestructurarlo y enriquecerlo tomando en cuenta la opinión de las familias beneficiarias, quienes con toda seguridad podrán aportar ideas prácticas que mejoren el PEI y lo dote de  una normatividad que le dé el blindaje necesario para  evitar que sea un instrumento más  para ejercer la corrupción.

 

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