En 2018, un total de 10 mil 147  hidalguenses fueron deportados de Estados Unidos –ocho mil 890 hombres y mil 257 mujeres-, lo que representó un alza del 40 por ciento en relación al año anterior, informó Anayely Mejia, presidenta del Consejo Supremo Hñahñu (CSH).

Una situación preocupante si se considera que en el 2017 se registró un descenso récord en las deportaciones y en 2018 estas han repuntado no solo a nivel local sino nacional, consideró.

La líder hñahu detalló que el 95 por ciento de los mexicanos repatriados son mayores de 18 años y solo un 5 por ciento son menores de edad, mientras que el porcentaje es mayor en hombres, con un 92 por ciento.

De acuerdo a las versiones de migrantes que acuden al Consejo Supremo Hñahñu a solicitar asesoría – Visas, actas de doble nacionalidad, pasaportes, etc – , las deportaciones han cambiado de perfiles, es decir con el gobierno del presidente Obama, en realidad, eran detenciones en la frontera. Ahora cada vez más personas que llevaban muchos años viviendo en Estados Unidos, son detenidos y deportados”.

Se trata de migrantes que ya tienen su familia establecida allá, sus trabajos, estudios, etcétera. “Y por eso las deportaciones de Trump están generando un mayor impacto  negativo en el tejido social y la economía de las familias hidalguenses”, afirmó.

Señaló además la presidenta del CSH que otro cambio en el perfil es que un porcentaje importante de los deportados no tienen antecedentes penales y pese a ello fueron expulsados, aunque no suponían un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, como argumenta el presidente de los Estados Unidos.

Al respecto, el CSH a través de su área de migración, brindan ayuda, asesoría, y acompañamiento a los migrantes retornados para buscar y obtener su ciudadanía americana, con el objetivo que residan y trabajen de manera legal en EEUU.

Uno de estos casos es el de Milán Lugo Guerrero, oriundo de Ixmiquilpan, quien ya cuenta con la doble ciudadanía gracias a la gestión del CSH.

Finalmente, Anayeli Mejia dijo que se buscaran vías de comunicación con los gobiernos de México y EUA para plantear servicios  bilingües, para que los migrantes tengan derecho a recibir asesoría legal de dependencias norteamericanas estatales y locales en inglés y español.

Con ello, consideró, los migrantes puedan ser escuchados ante la corte  en el idioma oficial de su elección, además de que las leyes estatales y locales se publicarían en ambos idiomas oficiales y con igual peso jurídico.