Ante la pretensión de Morena de legislar en materia de consultas públicas, la Coparmex Hidalgo afirmó este miércoles que la tarea de los mexicanos, tras el triunfo democrático del uno de julio, es consolidar mecanismos eficientes de democracia participativa, “pero con una regulación cuidadosa, apegada a las mejores prácticas internacionales y sin caer en un uso abusivo o extralegal del mecanismo”.

En su mensaje semanal al empresariado,  el presidente de la Coparmex en la entidad, Ricardo Rivera Barquín, se dijo convencido de que “la participación ciudadana es imprescindible en la democracia”.

Abordó el empresario el tema del debate generado por la decisión del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de cancelar el proyecto aeroportuario de Texcoco tras realizar una consulta pública en el país.

La consulta relativa al nuevo aeropuerto generó muchos y graves cuestionamientos que el gobierno entrante debe atender, si pretende recurrir frecuentemente a esta figura. Ello explica que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados haya presentado una iniciativa legislativa en la materia”.

Esta iniciativa pretende eliminar la restricción de que las consultas deban ser concurrentes con las elecciones federales. Se propone que las consultas populares se realicen cada año el primer domingo de julio.

En varias partes del mundo, subrayó Rivera Barquín, la práctica es realizar las consultas en concurrencia con la elección de puestos públicos, como en la mayoría de las entidades de Estados Unidos, por ejemplo. Llevar a cabo las consultas populares fuera del periodo de las elecciones federales puede conllevar sesgos en la participación o baja afluencia y que pocos decidan por todos.

La legislación mexicana actual específica, entre otras cosas, que las consultas populares abordarán temas de trascendencia nacional, que sólo pueden llevarse a cabo en concurrencia con las elecciones federales y que sus resultados son vinculantes sólo si participa el 40 por ciento de los votantes inscritos en la lista nominal.

Pero más allá de las consultas, consideró, “en nuestra Constitución contamos con dos instrumentos de democracia participativa legislados desde hace muchos años: el  derecho de los ciudadanos de iniciar leyes y la figura constitucional de la consulta popular”.

Y abundó al respecto: “los ciudadanos mexicanos tenemos el derecho de iniciar leyes federales, a raíz de la reforma constitucional de los artículos 35 y 71 de la propia Constitución que fueron aprobados en 2012 y la resultante Ley Federal sobre Iniciativas Ciudadanas, emitida en 2013”.

El representante empresarial se dijo convencido de es posible aprovechar, no obstante, el interés del nuevo gobierno de contar con mecanismos para decantar la democracia directa y sus instrumentos de la mejor manera posible.

Subrayó entonces que “no contamos con las figuras de referéndum –que es la consulta para constituir, modificar o abrogar leyes-, ni con la figura del plebiscito -consulta sobre actos de gobierno-“, y consideró que “debe hacerse un debate serio sobre si estas figuras deben ser homogéneas en todos los estados o si es necesario incorporarlas o no al orden federal”.

Con relación a la iniciativa para crear la figura de la revocación de mandato, “desde nuestra perspectiva esta propuesta requiere un mayor estudio todavía más detallado; en muy pocos  países existe la figura también de la revocación del mandato, y es mucho menor el número que cuenta con revocación de mandato para Jefes de Estado. La razón es que se le atribuye un alto poder disruptor y de incertidumbre”.

En Coparmex Hidalgo reconocemos el interés democrático que existe detrás de la propuesta, pero hacemos un exhorto para que el debate de deliberación y discusión sea serio, exhaustivo y plural.

Rivera Barquín expuso que “la participación ciudadana no es una concesión de quien encabeza el gobierno ni una intervención limitada u ocasional  de la sociedad. Es una forma de gobierno”.

Por ello exhortó al Congreso de la Unión para que la iniciativa se discuta seriamente y con colaboración de todas las voces, representaciones políticas y expertos académicos.

Finalmente, hizo un llamado a los ciudadanos “a que hagan uso de los instrumentos de participación que tienen su disposición. El objetivo de los mecanismos de democracia directa es que sean utilizados de manera responsable y eficiente por la ciudadanía”.