Al participar en la Capacitación sobre Feminicidios y Protocolos de Investigación, convocada por la asociación civil Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos, María Concepción Hernández Aragón, directora general del Instituto Hidalguense de las Mujeres destacó que el Protocolo para la Investigación del Delito de Feminicidio, vigente desde el 9 de febrero de 2016, tiene el objetivo de establecer las bases mínimas para el proceso de investigación de este delito con perspectiva de género.
Con esto, las investigaciones se desarrollan con la debida diligencia por parte del personal del Ministerio Público, de la Policía Investigadora y del personal de Servicios Periciales, en cumplimiento a la política del gobierno estatal, de proteger los derechos humanos de las mujeres, de ahí la importancia de que se capacite en su adecuado manejo.
La capacitación de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos, que encabezan Diana Ávilez Quesada y Rafael Castelán, se realizó en el marco del proyecto Acciones para el Acceso a la Justicia, que esta organización trabaja con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y el cual es financiado por la Unión Europea.
Ante un auditorio compuesto por organizaciones de la sociedad civil, activistas independientes y sociedad en general, María Concepción Hernández destacó el procedimiento de actuación, áreas responsables de la aplicación del referido protocolo y atención a víctimas indirectas, enfatizando en la capacitación que deben tener todas las personas involucradas en el proceso, a fin de que la violencia extrema contra las mujeres sea investigada y sancionada con la debida diligencia para evitar toda posibilidad de impunidad.
Lo anterior, en acato a la instrucción del gobernador Omar Fayad Meneses, de tener cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas.
Hernández Aragón recordó que el protocolo es de conocimiento y aplicación obligatoria para quienes investigan los hechos que la ley señala como delitos, ya que de acuerdo con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe la obligación de investigar toda muerte violenta de mujeres con presunción de feminicidio.
Esto implica hacer el trabajo desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género, descartando cualquier criterio prejuicioso o estereotipado y a la vez, recabar el mayor número de indicios o datos de prueba que se relacionen con el hecho, independientemente de que en el curso de la investigación se configure otro delito.
En suma, el Protocolo es práctico y facilita contextualizar las situaciones de violencia contra las mujeres para un mejor entendimiento de esta problemática social.
El documento compuesto de nueve capítulos, permite que todas las personas involucradas en la investigación conozcan a profundidad el procedimiento que debe seguirse ante la muerte violenta de una mujer, debido a que la Fiscalía para Delitos de Género es una oficina centralizada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y no tiene capacidad operativa para llegar al lugar de investigación en el momento en que ocurren los hechos, en cambio hay una agencia del Ministerio Público en todos los distritos judiciales y en otros municipios.
La funcionaria expuso que las áreas responsables de la aplicación del Protocolo son prácticamente todas las que conforman la Procuraduría General de Justicia estatal.
Hernández explicó que si bien, las cifras de muertes violentas de mujeres desde parte de la percepción social son consideradas feminicidios, éstas no coinciden con las cifras oficiales, porque jurídicamente hablando solamente son feminicidios aquellas que se encuadren en cualquiera de las siete razones de género descritas en el art 139 bis del Código Penal del Estado de Hidalgo.
La directora agradeció a SEIINAC este ejercicio de interacción, en un esfuerzo de corresponsabilidad entre instituciones y sociedad civil, y reiteró que por instrucciones de la Secretaría de Gobierno que preside Simón Vargas Aguilar, su dependencia continúa con la sensibilización en este tema, con la capacitación a personal del sector Justicia.
