En aquel clásico melodrama urbano grabado en 1948 y protagonizado por Pedro Infante; se abordaban una serie de pequeñas historias donde la pobreza, la humildad, la dignidad y el amor eran dignificados. Aunque el principal eje argumentativo del filme, dirigido por Ismael Rodríguez, pretendía visibilizar la brecha (ya evidente desde entonces) entre aquellos que tienen una posición económica favorable y los desposeídos.
Muchos años después esa brecha social no sólo se mantiene sino que cada vez se hace más profunda. Las realidades de cada estrato son contrastantes lo que deriva en una serie de conflictos de diversa manufactura. Cual más cuando los de arriba (los ricos) lucran con la necesidad de los de abajo (los pobres).
Un botón de muestra de ese comportamiento lo atestiguamos hace poco con una nota que publicada en el Periódico Criterio, donde se pone en evidencia que “las constructoras del subsecretario de Obras Públicas del gobierno de Hidalgo, Marco Antonio Rico Moreno, han obtenido más de 270 licencias de construcción en municipios del estado y su propia dependencia ha autorizado las obras, al emitir los permisos y cambios de uso de suelo”.
En otras palabras, aquella práctica de ser juez y parte en los contratos del gobierno ha representado un jugoso negocio para el funcionario de gobierno y desarrollador. Según los datos que se presentan en la nota referida “sólo del municipio de Zempoala, la Constructora Crimsa —de la que Rico Moreno es accionista mayoritario— ha recibido 182 licencias de construcción; y la Constructora Sylma —propiedad de su hermana Sylvia Rico Moreno— otras 91”.
De tal manera que la familia Rico ha sido muy afortunada por ganar tantos contratos por parte del gobierno. Lo anterior, quizá pudiera obedecer a que las empresas del funcionario presentan las mejores condiciones para sus clientes. Pero resulta que no es el caso. Muy por el contrario, los productos que entregan las constructoras citadas son de mala calidad. Las obras han sido denunciadas por sus “irregularidades y deficiencias sin que ninguna autoridad haya intervenido para solucionar las quejas”.
Hay que recordar que Marco Antonio Rico Moreno es subsecretario de Obras Públicas desde el 2 de mayo de 2011, cuando fue nombrado por el entonces gobernador Francisco Olvera. El 22 de septiembre pasado fue ratificado en el cargo por el ahora mandatario estatal Omar Fayad. En estos más de seis años, el funcionario ha aprovechado muy bien su cargo para hacer florecer sus empresas. Lo que a todas luces puede ser considerado como un conflicto de intereses.
En la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Hidalgo se dice que se presentarán “intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”. De tal manera que de comprobar que el subsecretario de Obras Públicas benefició con permisos de construcción a empresas familiares, se debe de iniciar un procedimiento.
Sin embargo, el propio Gobernador cuando fue cuestionado al respecto dijo que este tipo de notas “no se deben de publicar sino se tienen todos los elementos y se presentan las pruebas”. Es decir, el titular del ejecutivo quien debería ser el principal interesado en saber que ocurre con un miembro de su gabinete no pareció darle mucha importancia.
Bajo este esquema, donde algunos funcionarios tienen sus propias empresas que ganan licitaciones que ellos mismos aprueban; aunado con otras autoridades que hacen caso omiso de esta situación, no queda más que lamentarse por la dicotomía de estar en un clivaje social equivocado.
Por desgracia, la vida sigue siendo afortunada con Ustedes los Rico y muy complicada con Nosotros los López.
Enrique López Rivera
Twitter: @2010_enrique
