El clima de inseguridad crece en el país y de acuerdo a cifras del 2015 del Inegi, de 4.5 millones de empresas en el país, ese año fueron víctimas de la delincuencia –denunciada-, 1.5 millones de ellas, convirtiéndose este fenómeno en una de las principales preocupaciones de la sociedad en general, y de organismos empresariales como la Coparmex Hidalgo, en particular.

Ante esta situación, que inhibe la inversión, el organismo empresarial presentó una serie de propuestas en materia de seguridad interior, y exhortó al Congreso de la Unión a dar prioridad a este tema.

Los ciudadanos y las empresas necesitamos recuperar la confianza para realizar nuestras actividades cotidianas, con la certeza de que nuestro patrimonio e integridad física están a salvo en todo momento”, afirmó el presidente de la Coparmex Hidalgo, Sergio Baños Rubio.

El empresario subrayó que se necesita de una estrategia integral, un enfoque sistémico que incluya a jueces, a fiscales y a policías. En este contexto, un aspecto central de la estrategia de lucha contra la inseguridad será la nueva normativa para la intervención de las Fuerzas Armadas en las tareas de Seguridad.

Es preciso brindar certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas en las labores de la seguridad pública, así como los protocolos de entrada y salida cuando sea necesaria su intervención en estas tareas, a petición de los gobiernos estatales”, afirmó.

De ahí que la Coparmex presentó lo que a consideración son 10 puntos básicos a considerar en este renglón: El primero de ellos cita que no se requiere de una reforma constitucional para emitir la Ley de Seguridad Interior; basta con dar la facultad expresa al Congreso de la Unión.

Es indispensable, en el rubro de facultades, analizar minuciosamente qué tipo de facultades de investigación tendrán las fuerzas armadas, además de precisar la temporalidad de la declaratoria. Que prevea como requisito esencial el plazo de intervención, así como un expreso y claro régimen de transición para la salida de las fuerzas armadas al concluir la vigencia de la Declaratoria.

Para la Copamrex es indispensable también que se prevea un régimen de excepción, es decir, se debe de regular expresamente las causas por las cuales el Presidente podría emitir la Declaratoria, teniendo como requisito primordial la afectación de la seguridad pública de forma reiterada.

Sobre la legalidad de esta declaratoria, el Presidente de la República tendría que emitir la misma y ser el Senado quien apruebe con un plazo de inmediatez, en tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisaría de oficio y la legalidad de la misma, pronunciándose sobre la constitucionalidad y la validez de ella.

Un punto ineludible para alcanzar los objetivos será en materia de fortalecimiento de las policías locales, a través de trabajo profundo y sistémico para robustecer a las fuerzas de seguridad pública en los estados y municipios. Impulsar política pública con métricas, presupuesto, capacitación, conformación de los mejores elementos policiales (con evaluaciones técnicas, psicométricas y exámenes de confianza).

En materia de procuración e impartición de justicia es necesario abatir de manera efectiva la impunidad, considera la Coparmex, la que destaca la importancia también de la participación de los sectores público, privado y social, tanto en el diseño de la ley como de la política pública que derive la misma.

Por lo que a prevención y derechos humanos toca, propone el organismo empresarial que la prevención debe ser siempre el eje de la política pública en materia de seguridad interior, mientras que en lo referente a los derechos humanos, estos deben de ser siempre un aspecto que prevalezca el respeto irrestricto a los mismos y se observen siempre los principios de certeza, legalidad, proporcionalidad, racionalidad, transparencia, rendición de cuentas y no discriminación.

Con estos 10 principios hacemos un llamado a la Cámara de Diputados para que discuta y enriquezca la iniciativa en materia de seguridad pública que fue aprobada por el Senado y por otra parte ambas Cámaras para que trabajen en el marco normativo de la actuación de las Fuerzas Armadas en la estrategia que nos permita abatir ya los altos índices de criminalidad”, concluyó Baños Rubio.